Laura Luelmo y la prisión permanente revisable

Rocío Wanninkhof, Diana Quer, el pequeño Gabriel, Laura Luelmo… Son algunos de los nombres que han estremecido al país por la crueldad de sus muertes. Y por la obscenidad con la que muchos medios de comunicación las han utilizado para exacerbar emociones, exponer sin escrúpulos teorías que, algunas ocasiones eran falsas, acusar sin pruebas, exigir venganza. Porque esto es, al final, lo que se pretende, no justicia, sino linchamiento. Aunque en el caso de Laura Luelmo (¡qué cruel destino!, tu juventud, tu ilusión, tu primer trabajo y tener la increíble mala suerte de alquilar una casa al lado de un asesino sin escrúpulos) casi no dio tiempo a realizar acusaciones en falso. Recordamos el caso de Rocío Wanninkhof y la acusación, juicio y declaración de culpabilidad de Dolores Vázquez. La histeria popular creada por los medios de comunicación entró en los anales de los errores judiciales y mediáticos. Con Diana Quer pasó algo parecido, aunque sin llegar a ese extremo: los señalados entonces fueron unos feriantes que se encontraban en el pueblo en el momento de la desaparición de la muchacha. Y lo mismo en el “caso Gabriel”, cuando durante muchos días se puso el foco sobre un antiguo acosador de la madre.

Todavía más obscena que la actuación de los medios es la utilización política de estas muertes. Aprovechar el sufrimiento para defender las ideas propias y atacar al adversario para obtener réditos electorales, que es lo que al final se pretende, es impúdico e indecente. Aunque ya estamos acostumbrados, por desgracia, a estas situaciones, no deja de causarme asco e indignación. La comparación con chacales o hienas, que me perdonen los amantes de los animales, es inevitable.

Puedo entender que una familia destrozada y traspasada por el dolor exija que todo el peso de la ley caiga sobre el delincuente. Es también lo que queremos todos. Pero siempre la ley y nada por encima de ella. No puedo ni quiero imaginarme pasar por una situación así o por la que pasaron los familiares de las víctimas de ETA o las de la matanza de Atocha. Pero también hay otras tan crueles y que no acaparan tantas páginas, como, por ejemplo, la muerte en accidente de tráfico causada por un energúmeno que va hasta las cejas de alcohol o de cualquier droga. El resultado para la víctima es el mismo y para sus familias y amigos un dolor infinito, inexplicable.

Eso no significa que no haya que establecer medidas legales y policiales contra aquellos a los que, por desgracia, es casi imposible reinsertar, porque reinciden y ponen en peligro la vida de los ciudadanos. No hay que hurtar un debate sobre qué hacer con esos individuos, un porcentaje mínimo si atendemos a las estadísticas, que no responden a la reinserción social. ¿Aislamiento, difusión de sus datos como se hace en algunos países, control una vez que salen de la cárcel? Pero, sobre todo, más medios, más preparación en jueces y policías, más prevención. Y más educación, más igualdad, menos pobreza, menos marginación.

Para terminar, es casi una obligación exponer datos, cifras que luchen contra la manipulación de los sentimientos. Eso es lo que tendrían que hacer los políticos, contrastar las ideas con la realidad, con los hechos. Me voy a limitar a reproducir leyes, artículos periodísticos, gráficos y datos. Y que cada uno saque sus propias conclusiones.

Leyes, datos, cifras, hechos

El artículo 25.2 de la Constitución Española afirma lo siguiente:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

En el año 2015 el Parlamento español, con el único apoyo del PP, que contaba con mayoría absoluta, modificó el Código Penal para incluir la figura de la prisión permanente revisable. Los tribunales podrán aplicarla en algunos tipos agravados de asesinatos en los siguientes supuestos:

– Cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable.

– Cuando el asesinato se cometa después de un delito contra la libertad sexual.

– En los asesinatos múltiples.

– En los asesinatos cometidos por miembros de una organización criminal.

– Delitos contra la Corona.

– Delitos contra el Derecho de Gentes.

– Delitos de genocidio.

– Delitos de lesa humanidad.

Antes de la implantación de la prisión permanente revisable, había en España unas penas máximas de 25, 30 o 40 años de cárcel para casos de extrema gravedad. La prisión permanente lo que cambia es exigir que el criminal cumpla de forma íntegra entre 25 y 35 años de pena, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión.

Cumplir 35 años, por cierto, no significa que vaya a estar en prisión todo ese tiempo. El penado puede solicitar permiso de salida ordinarios una vez haya cumplido un mínimo de ocho años de prisión, aunque lo cierto es que en el caso de asesinatos graves, bien por lo largo de su condena bien por la alarma social, lo más normal es que se les deniegue el tercer grado.

Hasta el momento este tipo de pena sólo se ha aplicado una vez. El 7 julio 2017 fue condenado por primera vez en España, el parricida de Pontevedra, David Oubel por degollar a sus hijas. El tribunal del jurado, por unanimidad, halló culpable a Oubel de asesinar con alevosía a las pequeñas de 4 y 9 años con una sierra eléctrica.

La implantación de la prisión permanente revisable en 2015 no impidió el asesinato de Diana Quer en 2016 ni el de Gabriel en 2018.

La pena de muerte en Estados Unidos no impide que haya casi ocho veces más homicidios y asesinatos que en España.

Muchos de los países en los que existe la pena de muerte o la cadena perpetua son también los que tienen un mayor índice de criminalidad.

Generalmente, a mayor nivel de vida, menor tasa de criminalidad. En los países desarrollados, son las zonas, las ciudades o los barrios más desfavorecidos los que concentran mayor número de delitos. Por tanto, la solución no consiste en tener más policías, más cárceles o leyes más duras, sino mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Las penas máximas en países de nuestro entorno

Francia. La pena más dura es “perpetuidad irreducible”. En casos excepcionales establece una prisión efectiva ilimitada. Este castigo se destina especialmente a los condenados por asesinato de una víctima menor de 15 años y cuya muerte estuviese “precedida o acompañada de una violación, de torturas o de actos de barbarie”.

Italia. La máxima pena de prisión prevista, de acuerdo a la legislación vigente, es la cadena perpetua. A partir del cumplimiento de al menos 20 años de prisión es posible la aplicación de beneficios penitenciarios, y cumplidos al menos 26 de la pena impuesta, se puede optar a la libertad condicional

Portugal. La máxima pena que recoge la ley es de 25 años de cárcel.

Reino Unido. El condenado puede optar a la libertad condicional después de un periodo de tiempo que fija el juez. En casos excepcionales el magistrado puede dictaminar que la condena sea “orden de toda la vida”, sin acceso a la libertad condicional.

Alemania. Contempla una permanencia en prisión que, tras un mínimo de 15 años, debe examinar un nuevo tribunal cada caso de manera individual.

Noruega y Dinamarca. Existe la figura de la “custodia” similar a la cadena perpetua revisable para personas que han cometido crímenes especialmente graves y cuando existe riesgo de que puedan repetirlos.

Bélgica. El preso tiene la posibilidad de solicitar la libertad condicional transcurridos 15 años desde su entrada en la cárcel.

Holanda. La prisión permanente cuenta con la posibilidad de revisión de la condena tras cumplirse 27 años de la pena y ante las sospechas de que se haya producido una injusticia por parte del tribunal.

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Tasa de criminalidad en Europa. Año 2016

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Países en los que está vigente la cadena perpetua

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Para terminar, no me resisto a incluir algunas frases de mi paisana, Concepción Arenal (El Ferrol, 1820-1893), que fue una auténtica adelantada a su tiempo y que muchos políticos tendrían que leer y tener como referencia más a menudo.

“Las malas leyes hallarán siempre, y contribuirán a formar, hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas”.

“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”.

“Odia el delito y compadece al delincuente”.

“Cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente”.

 

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